Solicitud de intervención a la Procuraduría en el proceso de Saneamiento de vehículos de carga

Febrero 19, 2018 // Articulo Tomado de Comunicaciones ATC

Dr.

FERNANDO CARRILLO FLOREZ

Procurador General de la Nación.

 

Asunto: DP Solicitud de intervención a la Procuraduría frente al proceso de Saneamiento del registro inicial de los vehículos de Transporte de carga por carretera.

 

Reciba un cordial saludo.

 

De manera atenta y respetuosa queremos poner a consideración del señor Procurador nuestras preocupaciones por la forma como el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte ha manejado el problema de los vehículos de transporte de carga por carretera con falencias en su registro inicial denominados más comúnmente como “mal matriculados” de una manera irresponsable, tanto para con el sector como con la Nación.      

La sobreoferta de vehículos de transporte de carga por carretera ha sido una problemática de sector reconocida ampliamente por el Gobierno Nacional y es este un macro problema que afecta a la industria del transporte y gran parte de la sociedad colombiana, en tanto todos en mayor o menor medida tienen que ver con el transporte, toda vez que es un servicio público esencial  que diariamente utilizamos o diariamente requerimos mínimamente para la satisfacción de las necesidades básicas.

 

Qué son los vehículos mal matriculados o como los llama el Gobierno “vehículos con omisiones” de requisitos:

 

En definitiva el saneamiento parte de premisas falsas y distractoras que pretenden desviar la atención de la verdadera causa del problema y del problema mismo. Cuando se hace alusión a la expresión “vehículos mal matriculados” pareciera ser que a quien se pretende enlodar y responsabilizar es al propietario del equipo, o como anti técnica y absurdamente lo plantea el decreto “al vehículo”, nótese en el artículo primero del decreto 1514 de 2016, que se parte de “los vehículos de transporte de carga que presentan omisiones …”  las acciones y omisiones solo pueden ser cometidas por personas, jamás una cosa va a cometer una acción u omisión.

 

Superando ese exabrupto lógico conceptual, y partiendo de que los vehículos no comenten acciones ni omisiones, y que éstas únicamente pueden predicarse de “personas”, es importante determinar entonces, quienes fueron los que cometieron tales omisiones, y para ello sencillamente tenemos que preguntarnos ¿Quiénes ostentan la prerrogativa y función pública de registrar y/o matricular los vehículos en Colombia?, la respuesta la encontramos en los artículos 2 y 37 de la Ley 769 de 2002. Corresponde a los Organismo de Transito.

  

Una vez explicado este tecnicismo, necesario para poder justificar la necesidad urgente de la intervención de la Procuraduría es necesario tener en cuenta lo siguiente:

1). El pasado 29 de Septiembre de 2011 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió el fallo No. 110001-33-31-019-2007-00735-01, fallo en el cual se ordena al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Puertos lo siguiente:

 

1.a) Se ordene a quien corresponda y se ejerza control de  las gestiones tendientes a depurar la información a nivel Nacional sobre los registros de vehículos automotores de carga con obligación de cumplir con las disposiciones en su tiempo vigentes tendientes a modernizar el parque automotor de carga, contenidas  en  los decretos 1347 de 2005, 3525 de 2005, Decreto 2868 del 28 de agosto de 2006, resoluciones  1150 de 2005, resolución 1800 de 2005 y resolución No. 003000 de 2006 del Ministerio de Transporte.   

 

1.b) Se ordene a quien corresponda el realizar  llevar control de pago de cauciones ordenadas en las disposiciones anteriores y su  ingreso a las Arcas del Estado.

 

1.c) Si de la revisión de la información se encuentran  registros iniciales contrarios a las disposiciones legales, se requiera por las aludidas entidades las investigaciones disciplinarias y penales a que haya lugar.

 

1.d) Integrar el comitè de verificación de fallo, conformado por:

-Un delegado del Ministro de Transporte.

-Un delegado de la Superintendencia de Puertos y Transportes.

-Un delegado de la Asociación Colombiana de Camioneros.

-Un accionante.

 

2.) Solo hasta el 2016 mediante el Decreto 1514 del 20 de Septiembre de 2016 se vio la primer acción clara de parte del Ministerio de Transporte para dar cumplimiento al fallo del tribunal administrativo de Cundinamarca, Decreto que es modificado y adicionado por el Decreto 153 del 03 de Febrero de 2017 en el cual se establecen en el artículo 2.2.1.7.7.1.5 los siguientes plazos:

 

2.a) La Dirección de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte determinará, en un plazo de quince (15) días contados a partir del 15 de Febrero de 2017, los estándares y mecanismos necesarios para la información que deben reportar los organismos de tránsito.  

 

2.b) El Ministerio de Transporte informará a las autoridades de control respectivas en un plazo máximo de quince (15) días contados a partir del vencimiento del plazo previsto en el inciso 2° de este artículo, los organismos de tránsito que no remitieron al Ministerio la relación de vehículos que presentan omisiones en su registro inicial, para que adelanten las acciones a las que haya lugar.

2.c) Los organismos de Tránsito una envien la informacion al Ministerio de Transporte de los vehículos que presentan omisiones en el proceso de registro inicial, deberán comunicar al propietario del vehiculo dicha situación y le informaran de la posibilidad de acogerse o no al procedimiento establecido y el correo habilitado para dicho proceso.

 

Como se puede observar el Decreto 153 de 2017 establece varios plazos, plazos que no se han cumplido dejando el espacio para que las personas que están haciendo su proceso sean víctimas de un “pinponeo” entre entidades del estado entre el Ministerio de Transporte y los Organismos de Tránsito, estos últimos con gran responsabilidad en este proceso de vehiculos con falencias en su matrícula inicial y que están evitando esta responsabilidad con el beneplácito del Ministerio de Transporte que ya desde el año pasado debía haber dado traslado a la Procuraduría General de la Nación el imcumplimiento de los organismos de transito que no remitieron la información solicitada en el Decreto 153 de 2017, esta actitud permisiva de parte del Ministerio ha generado que los organismos de tránsito no asuman su responsabilidad en todos estos procesos por ende no se notifique debidamente a los propietarios y de esta manera afectan el derecho al debido proceso anulando toda posibilidad de que se depure el parque automotor de carga por vicios procesales y así el sector se sigue desarrollando en la ilegalidad e informalidad, situación en la que el Ministerio de Transporte también tiene responsabilidad por no haber dado cumplimiento a los plazos establecidos por ellos mismos.

 

La depuración del parque automotor de carga es más allá del fallo del tribunal administrativo de Cundinamarca, es una necesidad manifestada desde el sector como una forma de acabar con la inequidad y desigualdad en la que se desarrolla el servicio público del transporte de carga y debería ser una prioridad para el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Transporte en el entendido que es esta la forma de llevar formalidad y legalidad al sector, con base en esto señor Procurador consideramos absolutamente necesaria la intervención de parte de la Procuraduría General de la Nación dentro de su función preventiva con el objeto que se le dé cumplimiento al Fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de esta manera dentro de los principios de la función pública se proteja el patrimonio público y se empiece por fin el camino para formalizar al sector de transporte de carga que es un servicio público en el que hoy en día se premia a los malos.  

 

Cordialmente.

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